sábado, 10 de junio de 2017

El tribunal de la vergüenza

Una vez terminado este escrito que me propongo publicar, iniciaré una campaña en Change.org (que morirá virgen de seguidores) para la supresión del Tribunal Constitucional.
Este engendro, regulado por el título noveno de la Carta Magna; amparado por una ley orgánica de 1979 y apropiadamente maquillado por otra de 2007, no es ni más ni menos que una tercera cámara legislativa. Si bien es verdad que sólo puede actuar en forma negativa, es decir, que no puede crear leyes pero sí suprimirlas, el efecto final, es el de un consejo todopoderoso e inapelable, nombrado por un señor que no pasó nunca por las urnas (y de eso siguen cuidándose casi cuarenta años después de su imposición) a propuesta de:

Congreso de los Diputados: 4
Cámara del Senado: 4
Gobierno de turno: 2
Consejo General del Poder Judicial: 2 

En apariencia, todo muy democrático y legal; pero si consideramos que la Constitución de 1978 fue votada por un treinta por ciento de la población viva actualmente, con la imposición de un monarca como condición "sine qua non" para poder acceder a las esperadas libertades que dicha Ley de leyes traía como buena nueva tras una dictadura de cuatro décadas, ya se trae un tufillo a trágala que hasta hoy sufrimos.
A todas luces el tribunal más poderoso del Estado, aunque nos cuenten trolas al respecto, es elegido por el bipartidismo para garantizar: 

El bloqueo de leyes creadas; la derogación de otras que, habiendo sido sancionadas por las cámaras, afectan negativamente a los intereses de los que han nombrado a los Magistrados que integran dicho tribunal, y finalmente la aceptación de normas abiertamente inconstitucionales como la Ley Integral Contra la Violencia de Género de 2004.
Ariete contra cualquier iniciativa incómoda de las CC.AA y bloqueo efectivo de leyes por los dilatados plazos de sus pronunciamientos, el Tribunal Constitucional gobierna por la delegación de los estrechos círculos que, sin mancharse las manos, apelan a un tercero, un ente de desconocidos para el pueblo en general, para determinar qué leyes pasan el filtro de las normativas" como Dios manda"
Son innumerables las vergüenzas de este tribunal de notables; pero la última, ese lavado de cara de la amnistía fiscal de 2012, que "anula" (a buenas horas mangas verdes) los efectos de la ley cuando sus aviesas intenciones se han cumplido, y deja sin tocar sus consecuencias injustas para los que sí cumplen sus obligaciones fiscales, es para mí la puntilla definitiva de su desprestigio y necesidad de desaparición.

Cinco años les ha tomado redactar 22 folios, y casualmente, su fallo llega en el momento en que han prescrito los delitos de los 31,000 defraudadores (algunos sobradamente conocidos) y por consecuente, se habrán salido con la suya los delincuentes. Si hasta parece una provocación el que no hayan esperado 6 años, al menos para disimular.

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